Justicia y alarma social

La presión sostenida y sin disimulos sobre el sistema judicial por parte de los gobiernos españoles siempre obtiene el resultado deseado.

Hasta ahora lo que más nos preocupaba con respecto a la Justicia y el nacionalismo era el previsible dictamen del Tribunal Constitucional a favor del estatuto catalán, al que hará cuatro objeciones accesorias para respetar lo esencial. Ya se ha encargado el Gobierno socialista de que ese sea el resultado. Por lo demás, nunca el TC ha dictado sentencia en contra de la política del partido del gobierno, fuera este PSOE o PP.

Ahora las cosas han cambiado y ha quedado patente la vigencia de una nueva ley no escrita de nuestro deficiente sistema democrático: la presión sostenida y sin disimulos sobre el sistema judicial por parte de los gobiernos españoles siempre obtiene el resultado deseado.

En las últimas semanas los nacionalistas etarras salen de rositas de la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo le parece la cosa más normal del mundo que los representantes de los partidos democráticos alternen con quienes se han propuesto acabar con ese mismo sistema democrático por las armas.

Las sentencias favorables a los nacionalistas etarras seguramente tendrán una muy rigurosa explicación jurídica que resultará de lo más impecable, como la tendrá la decisión del Supremo. Pero la combinación de elementos digamos casuales, como la presión política más desvergonzada sobre los jueces y algunas de sus últimas resoluciones jurídicas, legitiman a la opinión pública para pensar lo peor.

Cuando la razón jurídica se aleja de la razón común, del sentido común, y cuando además causa escándalo y alarma social, la razón jurídica se queda solo en jurídica. Las sentencias judiciales deben dictarse de acuerdo con las leyes, que a pesar de las apariencias son interpretables. Y si esa interpretación es la menos común, la más alejada de la ciudadanía y la más favorable a los terroristas del nacionalismo vasco, la opinión pública tiene derecho a desconfiar de sus jueces y de la Justicia.

Nada de todo esto sucedería si nuestro sistema político fuera menos rudimentario. Por ejemplo, si eligiéramos a los jueces de la misma manera que elegimos a los partidos políticos (que no a los presidentes, o a los alcaldes).

Ningún juez aceptaría la menor presión del poder político si le debiera el cargo a la ciudadanía en lugar de debérselo al partido del gobierno. Y en esas condiciones, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a las sentencias que se dictarían en la Audiencia Nacional y en el Supremo con respecto a los etarras y a los contactos de algunos partidos con organizaciones declaradas ilegales en medio mundo?

¿Alguien duda acerca de cuál sería la decisión del Tribunal Constitucional con respecto al estatuto catalán si los jueces (aunque no necesariamente los que integran el TC) fueran elegidos democráticamente?

Algunos empezamos a desconfiar de la Justicia en la medida en que sus representantes se comportan como representantes de partidos políticos, como meras correas de transmisión del gobierno de turno. No se sabe por dónde va a salir este descontento pero es probable que aflore. Y el mero hecho de plantearse tal posibilidad resulta ya inquietante para un estado de derecho.

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