El igualitarismo y la Ley de Libertad Religiosa

Nuevo intento de cercenar los intereses de la mayoría en favor de unas minorías que, merecedoras de derechos y de respeto (en ocasiones), no pueden ocupar más papel que el determinado por su exacta implantación real y por el valor objetivo de sus planteamientos a la luz de la civilización.

El español, esa lengua que en España parece necesitada de adhesiones, defensas y manifiestos, expresa la contumacia del poder con sonora claridad: “erre que erre”.

Erre que erre, el gobierno zapatero se empeña en acotar la libertad individual a base de grandes dosis de neolengua, de circunloquios políticos y de medidas crecientemente fascistizantes.

El núcleo hacia el que se dirige la acción continuada de acoso a los derechos ciudadanos básicos se sitúa en el terreno de la libertad religiosa. Se intenta acotarla a base de buscarle nuevas definiciones, o de subsumirla en una confusa amalgama terminológica (pluralismo, igualdad), o simplemente de limitarla por la vía del estrangulamiento económico, del acoso legislativo y aun de la amenaza directa.

A base de declaraciones con cobertura de globo sonda y de medidas políticas tomadas en la periferia del sistema (ayuntamientos, gobiernos regionales), el poder intenta convertir a los ojos de la opinión pública un asunto de derechos fundamentales (la libertad de conciencia) en una borrosa reivindicación de igualdad entre elementos que en absoluto pueden ser iguales.

El procedimiento que parece haber elegido el gobierno zapatero para esta legislatura con respecto a la libertad religiosa es exactamente el mismo que han utilizado socialistas y nacionalistas con la política lingüística en Cataluña, y está basado en una pretendida igualdad de derechos.

Según el pensamiento políticamente correcto, la inmigración ha provocado en nuestro país que ya no exista un idioma común conocido y usado por todos, sino tropecientos. Por lo tanto los castellanohablantes no constituyen un grupo distinto de los que hablan suajili. En consecuencia tienen los mismos derechos. Y de esta forma, la lengua de todos se sitúa al mismo rango que la lengua hablada por apenas unas docenas de personas.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sostiene estos días que “la realidad ha superado con creces el marco de la actual Ley de Libertad Religiosa”. La “realidad” ministerial se refiere a las confesiones y creencias que han llegado de la mano de la inmigración. Se trata de justificar la necesidad de una nueva ley que reconozca y equipare a todas las confesiones religiosas (o pseudos religiosas, en algunos casos), con independencia de su carácter, del número de fieles de cada una y del papel que han jugado en la conformación de la sociedad española, en su historia y en sus raíces.

De esta forma, el gobierno zapatero se propone crear otro organismo absolutamente innecesario, al estilo del Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, o del comité de sabios que había de arreglar los problemas de RTVE. En esta ocasión de trata del Observatorio del Pluralismo Cultural y Religioso, que funcionará en el marco de la Alianza de Civilizaciones.

Hagamos un esfuerzo de buenismo. Consideremos por un momento que no estamos ante un movimiento de agresión orquestado desde el poder contra los católicos españoles y contra los principios que han constituido nuestra historia en todos los terrenos. Aceptemos, aunque solo sea a modo de ejercicio retórico, la posibilidad de que las intenciones últimas del gobierno socialista sean honestas y con estas medidas intente enfrentarse a los problemas derivados del descontrol de los imames, pagados por países de condenables regímenes políticos, y en algunas ocasiones conectados con redes yihadistas. Aceptemos que para lograr ordenar el oscuro mundo que rodea algunas agrupaciones islámicas en nuestro país, el gobierno envuelve sus intenciones en esa alianza que comparte con Turquía.

Aun así, semejante intento no se libra del, digamos, “error” que supone equiparar creencias como si se tratara de detergentes (“y si encuentra alguna religión mejor, ¡cómprela!”). Por cierto, un intento que pasa por cercenar los intereses de la mayoría en favor de unas minorías que, merecedoras de derechos y de respeto (en ocasiones), no pueden ocupar más papel que el determinado por su exacta implantación real y por el valor objetivo de sus planteamientos a la luz de la civilización occidental.

Los judíos y los musulmanes no carecen de ningún derecho en España según nuestro ordenamiento constitucional. Pueden tener problemas específicos: dificultades para construir sus templos, escasez de lugares sagrados (cementerios, etc.). Pero esos impedimentos no justifican una ley especial, ni organismos o jurisdicciones específicas.

Hace falta seguramente una aplicación justa de la norma y muchos menos prejuicios. Pero cualquier otra medida solo nos acerca a una sociedad de pensamiento único. A la religión de Estado. A la pérdida de valor de nuestra democracia.

“La claridad de mi conciencia hizo que mi corazón brincara de alegría”, escribió en una ocasión Tomás Moro. Es hora de aplicar lo que nos enseñaron los viejos héroes y los santos.

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