INFORME Institut d ‘ Estudis Catalans, argumentos para la persecuci ón lingüística

El Institut d’Estudis Catalans propone imponer multas a los periodistas que no hablen bien el catalán. De esta manera, el IEC quiere extender la persecución lingüística que se vive en Cataluña a los catalanohablantes.

Desde la llegada de socialistas, republicanos y comunistas al gobierno regional catalán se han impuesto multas por valor de 241.475 euros a los comerciantes catalanes por negarse a rotular en la lengua obligatoria. Este peculiar mecanismo recaudatorio podría verse ampliado si prospera la iniciativa del Institut d’Estudis Catalans.

Según declaraciones a la emisora RAC1 del director de la Secció Filológica de la citada entidad, Joan Martí, los periodistas que no hablen correctamente el catalán deberían ser multados, como ya lo son los comerciantes que se niegan a rotular en catalán.  Estas son las declaraciones de Joan Martí:

En un medio de comunicación se tendría que partir de la base de que quien no tiene una competencia muy buena de la lengua, se le tiene que recomendar que se retire de esta función. Llámenle sanción económica o destino laboral diferente.

El Institut d’Estudis Catalans es una de las instituciones étnico-lingüísticas más activas de Cataluña. Encargado también del expansionismo y subvencionado de manera permanente por el gobierno regional, el IEC lanza periódicamente catastrofistas avisos sobre la inminente desaparición del catalán y propaga en el imaginario colectivo de la ciudadanía catalana su imagen de víctima lingüística necesitada de todo tipo de ayudas. Es decir, provee de argumentos al "brazo armado lingüístico" catalán, que es la propia Generalidad. Sus argumentos siempre terminan sirviendo de coartada para incrementar el acoso lingüístico al español.

En su pomposa "declaración institucional sobre el uso social de la lengua", el IEC expone sus peregrinas teorías acerca de la situación lingüística de Cataluña presentando un panorama en el cual la realidad, es decir, la desaparición de la persecución al español, es sustituida por la visión victimista de quienes hoy recomiendan multar a los que hablen mal una lengua:

La lengua catalana continúa encontrándose en situación de inferioridad (…) El catalán continúa prácticamente relegado en buena parte del mundo socioeconómico y en el de la justicia. Quedan todavía grandes colectivos que ignoran la lengua del país, ya sea en términos generales, ya sea con respecto a competencias específicas, como la lectura y la escritura.

En resumen, el catalán es, todavía hoy, una lengua minorizada en su propia área lingüística. Es preciso subrayar que, a pesar de ser lengua cooficial y propia en la mayor parte de sus territorios, se puede vivir en los mismos sin ningún problema prescindiendo absolutamente de ella.

Todavía hoy no se ha logrado la oficialidad de la lengua catalana ni en La Franja (Aragón), ni en la región de El Carxe (Murcia) ni en la Cataluña del Norte (Departamento de los Pirineos Orientales, Francia).

Las diferentes políticas estatales siguen poniendo el catalán en una agobiante inferioridad de condiciones en su propio territorio.

Los estudios recientes parecen confirmar globalmente un retroceso inquietante en el uso social del catalán.

Nadie puede predecir cómo será exactamente el nuevo orden lingüístico internacional. La mundialización no debería provocar la desaparición de lenguas, pero la puede favorecer. Y, por ahora, el catalán se enfrenta a los desafíos de la mundialización falto de un apoyo institucional sólido.

Afirmar que el catalán peligra, como gusta de hacer esta asociación, y que las autoridades deben reaccionar de manera inmediata, es negar la realidad. Ni una sola demostración, ni un solo argumento sólido ampara las fantasiosas afirmaciones del Institut, tras las que enseguida se descubre la única causa que le mueve: la existencia del castellano como una de las dos lenguas oficiales de Cataluña.

Mientras en el Principado no se oficialice el catalán como el único idioma, los falsos lamentos del nacionalismo seguirán resonando. Y tal reconocimiento, hoy por hoy, no sería más que la asunción de un hecho de facto: en la práctica, en las instancias oficiales, en la educación, en toda la administración local y regional, el catalán es la única lengua y el castellano ha desaparecido.

En Cataluña se segrega objetivamente al castellano: se penaliza su uso desde el punto de vista económico (comercio, subvenciones públicas, etc.); se intenta segregar socialmente, con mayor o menor descaro, a quien pretende utilizarlo en público; se ridiculiza su uso desde los medios de comunicación dependientes del Gobierno autonómico; y se margina a los castellanohablantes que defienden su derecho a hablar una de las dos lenguas oficiales del Principado (educación, oposiciones, etc.).

Y esta situación no es más que el reflejo de otra, tal vez más grave y anterior: en Cataluña no hay verdadera libertad de expresión. Quien no comparte el pensamiento único, que en el Principado va unido a la lengua catalana y al nacionalismo socialista o republicano, es visto y tratado desde el catalanismo instalado en todos los poderes como un apestado.

Aunque hasta ahora los apestados eran solamente los que hablaban español. A partir de hoy, tal vez los propios catalanohablantes pasen a engrosar la lista de víctimas del totalitarismo étnico-lingüístico.

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