A merced de la coyuntura y de la ocurrencia

"Atribuir un río al pueblo ante el cual pasan cantarinas sus aguas es algo parecido al hecho de que Viena quisiera apropiarse del Danubio porque el joven Strauss escribió un famoso vals a él dedicado."

A merced de la coyuntura y de la ocurrencia

Francisco Sosa Wagner
Cuando oímos en España la cantinela del glorioso pasado de fueros y territorios históricos que, al parecer, tienen tantos de nuestros rincones, siempre pienso en Prusia, un Estado con toda la barba que, en el siglo XIX, puso de rodillas al Imperio austriaco y a la Francia del II Imperio y que desapareció del mapa por un acuerdo de los generales aliados en Berlín.

¿Reivindica alguien en Alemania la reconstrucción de Prusia, alguien quiere reponer sus derechos históricos? Pues por estos pagos nos hemos acostumbrado a desenterrar reyes y a refocilarnos en antiguas batallas para fundar sobre esos cadáveres o sobre esos jirones de la Historia nuestro futuro político.

Así se pone de manifiesto con la incorporación a la Constitución de los derechos históricos, por medio de la cual se permite la existencia de un derecho previo a la Constitución que ésta ha de asumir, franqueándose además la entrada a un sujeto jurídico, el 'pueblo', exigente y tenaz, puesto que no está dispuesto a renunciar a ninguno de tales derechos aunque tampoco a incorporarlos definitivamente ni a explicarnos en qué consisten.

Pueden ser tan sólo 'actualizados', que es algo así como someterlos a un tratamiento geriátrico porque es cierto que los años se agolpan en sus entretelas.
Lo malo de este invento es que ha fructificado, de suerte que la siembra de tal pensamiento en los huertos de otros nacionalismos pone de manifiesto lo arraigado de esas ansias preconstitucionales y románticas, primas hermanas de la singularidad, la exención, la inmunidad, cuando no del acuerdo o pacto entre iguales, que llevan a lo que ahora se llama la 'bilateralidad'.

Pero sépase que los países serios que han tenido que recurrir a figuras similares a nuestros derechos históricos las han eliminado en la primera ocasión que se les ha presentado.
Así ocurrió con lo que la doctrina alemana llamó a finales del XIX 'Reservatrechte' (derechos reservados), un compendio de privilegios antiguos que incluían 'embajadas', presidencias o competencias exclusivas en el correo, el telégrafo o los ferrocarriles y que Bismarck ofreció a Baviera y otros Estados del sur para que aceptaran integrarse en el Imperio.

Cuando llegó la redacción de la Constitución de Weimar (1919), fueron suprimidos sin más. Tal supresión vino a propuesta de las fuerzas progresistas que la elaboraron: liberales y socialistas.
Los más osados arqueólogos políticos suelen decir, cuando alguien -como es mi caso- aduce el ejemplo alemán, que nuestro país nada tiene que ver con Alemania.
Abultada ignorancia la que esconde esta afirmación, porque España tiene un saldo deudor permanente respecto de las construcciones constitucionales alemanas.
Copiamos la Constitución de Weimar en 1931 y copiamos buena parte de la Ley fundamental de Bonn en 1978.

Esto sin citar lo que han significado los libros de los juristas alemanes de los dos últimos siglos para nuestro derecho público o las sentencias del Tribunal Constitucional alemán para el trabajo diario del nuestro.
Recordar todo esto produce una mezcla indefinida de cansancio, mareo y tedio, pues se trata de cuestiones bastante elementales que deberían ya darse por sabidas.
Pero en ésas estamos.

En estos momentos, además, a la existencia de estas piezas exóticas en nuestro texto constitucional ha de unirse el animado proceso de reforma de los Estatutos -en Valencia, Cataluña o Andalucía-, que está proporcionando un panorama que puede calificarse desde el punto de vista estético como barroco, y desde el político y jurídico-constitucional, como un dislate de filigrana.

Porque ¿qué es sino un atropello a la más elemental razón jurídica ir aprobando estatutos de autonomía aquí y acullá sin tener previamente los planos del Estado que queremos construir?
Es al proceder de esta manera atolondrada e irreflexiva cuando salen soluciones tan pintorescas como la de atribuir un río al pueblo ante el cual pasan cantarinas sus aguas, que es algo parecido al hecho de que Viena quisiera apropiarse del Danubio porque el joven Strauss escribió un famoso vals a él dedicado.

O se (des) organiza el sistema sanitario con tal refinamiento que es necesario elaborar ahora un plan de vacunas, pues las comunidades autónomas han querido dejar en la administración de la vacuna contra la viruela sus propias e intransferibles señas de identidad.

O se pretende crear 17 consejos judiciales como si no fuera desventura suficiente la existencia del que ya conocemos. Y así sucesivamente.
¿Qué hacer? Enmendar los muchos yerros cometidos exige que metamos en la cabeza de los gobiernos -de éste y de los que le sucedan- que la estructura del Estado no se puede construir sobre la coyuntura parlamentaria que brinda cada ocasión, sino a través de pactos forjados entre quienes creen en el Estado, y no con quienes desean suprimirlo o esqueletizarlo.

Pues ha de saberse que sólo podrán existir estructuras descentralizadas eficaces si el Estado previamente cuenta con junturas bien engrasadas y con potentes instrumentos de cohesión. Lo contrario nos lleva a poderes públicos anoréxicos, una golosina para los intereses privados. (Publicado en El Correo, 15.12.08)

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